La culpa fue del chachachá


Nadie quiere asumir la responsabilidad de lo ocurrido. El marrón que tiene la Comunidad de Madrid, tras conocerse que la Consejería de Sanidad envió un protocolo a los hospitales para que rechazaran a los ancianos que vivían en residencias, es gordo. Estas instrucciones han envenenado la relación entre los socios del gobierno en plena pandemia y ambas partes se acusan, intentando que la culpa recaiga sobre el otro.

El PP se enfrenta al consejero de Políticas Sociales por los correos en los que avisaba de las posibles consecuencias legales de esa orden. Ciudadanos rechaza pedir la dimisión del consejero de Sanidad, aunque el documento lo firmó un alto cargo que dependía de su departamento y que fue destituido hace menos de un mes.

La trifulca empezó cuando Isabel Díaz Ayuso negó que se hubiera enviado el protocolo de discriminación de internos ancianos a los centros sanitarios. Según la presidenta, era solo un «borrador» que no se aplicó en ningún caso. Unos días después, el responsable de Sanidad, que asumió las competencias de las residencias en mitad de la crisis del coronavirus, admitió que sí se había enviado, aunque «por error». Luego, el consejero de Políticas Sociales insistió en que sí se había remitido ese papel para que no derivasen a los mayores desde las residencias.

Tres versiones distintas y una única verdad. La guerra está servida y se desencadenó al conocerse los correos que el titular de Políticas Sociales envió al titular de Sanidad alertando de que «muchos residentes podrían fallecer de manera indigna» y que «incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales» si las medidas se llevaban a cabo.

Ante semejante panorama, el Gobierno madrileño busca desesperadamente a un panoli para cortarle la cabeza y salvar la propia. Aunque, de momento, no han encontrado ninguno.


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