Estamos de un sensible



La economía española tiene la piel muy delicada. A Alberto Garzón le saltaron al cuello cuando explicó las características negativas que tiene el turismo, la principal fuente de ingresos del país: estacionalidad, precariedad  y escaso valor añadido. Las críticas recibidas no mutan la realidad. Vinculado cada vez más a los fondos de inversión internacionales, el sector turístico aprovechó la reforma laboral para reducir costes, flexibilizar plantillas y externalizar servicios, como el de limpieza. Ahora, sin alternativas industriales ni tecnológicas; sin turistas, no sabemos qué hacer.

A la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no le ha ido mejor que ha su colega. La crisis provocada por la pandemia produce sarpullido en algunos sectores y agentes económicos. La orden de supervisar las campañas agrícolas de mayo y junio así lo deja patente. La Inspección de Trabajo insta a las direcciones provinciales para informar de la «detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales». Se refería en concreto a «los casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre».

Las organizaciones agrarias se revolvieron contra Yolanda Díaz. ¿Estaba insinuando acaso que en el campo español se producían fraudes o existían condiciones laborales propias del Tercer Mundo? Pues sí. El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos que vino a España hace tres meses se marchó impactado. Philip Alston estuvo dos semanas en nuestro país y declaró haberse quedado «pasmado» ante la situación de los recolectores de fresa en Huelva, que viven «como animales» mientras las empresas «ganan millones de euros». Y eso que quizás no estaba al tanto de que el sector agropecuario está a la cabeza del fraude a la Seguridad Social, tributa por menos de sus ingresos reales y paga a muchos de sus trabajadores en negro.

La derogación de la reforma laboral impuesta por el PP en 2012, por decreto y sin diálogo social, forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y figura en el programa que expuso Pedro Sánchez al acceder a la secretaría general de su partido. La patronal CEOE y la oposición argumentan que con la actual crisis no procede semejante reforma. Para la patronal nunca será buen momento. Dicen que los mercados quieren que las empresas en las que invierten ganen mucho dinero, y para eso es bueno que los trabajadores carezcan de derechos laborales. Dicen que a la UE no le gustan los giros bruscos, menos aún si son a la izquierda y provienen el Sur. Veremos.

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