A buenas horas



Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, reconocía este martes la «falta de solidaridad» con Grecia durante la crisis, un país al que se «insultó», también lamentaba que en aquellos años se diera «demasiada importancia a la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI)». Por otro lado, sigue defendiendo que durante la crisis económica se impulsaron políticas de austeridad en forma de reformas estructurales que «eran necesarias», pero sin la intención de castigar a los afectados.

Ante el referéndum griego de 2015, en el que finalmente se votó no a las políticas de austeridad aplicadas como única receta para salir de la crisis, Mariano Rajoy se atrevió a decir: «Si gana el 'no', Grecia no tendrá más alternativa que salirse del euro». Desde Alemania también fueron muy comprensivos, Martin Schulz pretendía que Grecia saliera del euro y tuviera su propia moneda. Los dirigentes europeos no solo se negaron a renegociar la deuda, sino que aplicaron unos recortes salvajes que sufre, y sufrirá durante décadas, la ciudadanía griega.

Cuatro años después llega el arrepentimiento. Alexis Tsipras se presentó en Bruselas respaldado por los votos del 61% de las personas que se oponían a pasar por el aro, y le pisaron el cuello. El pueblo griego no quería recortes en pensiones y servicios sociales, buscaba la comprensión de Europa para reestructurar la deuda y ajustes para incentivar la economía. En vez de eso, recibieron doble ración de austeridad: reducción de gastos operativos y de consumo gubernamentales, reducción de salarios en el sector público, reducción de la contratación de nuevos funcionarios, reducción en gasto militar, reducción de los suministros en los hospitales y empresas públicas, reducción del poder adquisitivo de los consumidores, incremento de IVA, recorte en las pensiones de jubilación, liberalización del mercado laboral que facilita el despedido con una indemnización menor, recorte del gasto público, privatización de empresas…

El plan debía generar un ahorro de 30 mil millones de euros en tres años y que el déficit público, en 2014, no superase el 3 % del PIB.  La Troika exigió la aplicación de unas medidas tan duras que, no solo se ha destruido la prosperidad material de la nación, sino que la población griega está afectada física y psíquicamente, pues, como ocurre en España, los banqueros griegos reciben el apoyo del Estado para desahuciar a los trabajadores de sus viviendas cuando no pueden afrontar su pago.

Cuatro años después de aquel genocidio, Jean-Claude Juncker pide perdón.

Comentarios