19 de mayo de 2016

Siete suspensos para España

España es un país que no combate el racismo. Esta es la conclusión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, que ha sometido al Gobierno de Mariano Rajoy a examen durante los días 26 y 27 de abril. Siete son las causas que han llevado a España a suspender en materia de discriminación racista, según recoge la ONG Rights International Spain.

-Marco normativo e institucional inadecuado para la lucha contra la discriminación.
La ONU denuncia que el problema es antiguo. En 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, se remitió al Congreso un Proyecto de Ley Integral para la igualdad de trato y no discriminación. Un texto que habría garantizado los derechos humanos en este sentido y que aún no ha sido abordado por ningún ejecutivo. 

-El Gobierno no recoge los datos necesarios para luchar contra el racismo.
La recogida de datos y estadísticas es imprescindible para diseñar las políticas correctamente. La composición étnica de la población española, los incidentes racistas registrados y los casos judicializados, incluyendo las penas impuestas y las reparaciones otorgadas a las víctimas, serían algunas de las informaciones que ayudarían a la lucha contra la discriminación racial. Pero no se recogen datos.
-Uso de perfiles étnicos por la Policía.

El CERD muestra su preocupación por el uso de perfiles raciales y étnicos en los controles de identidad realizados por la Policía. Una práctica que debería de haber desaparecido tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero que sigue vigente en la práctica. 
-Devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla.
El Comité “expresa grave preocupación por la práctica de devoluciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad españolas”, según aparece en su informe. 
-Violaciones de derechos humanos en frontera.
La ONU realiza un llamamiento para que se investigue “de manera pronta, eficaz, completa y transparente las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, en particular respecto de incidentes ocurridos durante operaciones de expulsión”, en alusión directa al caso del Tarajal. 
-Internamiento preventivo en los CIE.
La ONU considera una violación derechos humanos lo que ocurre en los Centros de Internamiento Extranjeros (CIE), donde encierran a inmigrantes a la espera de su expatriación. Pide que se “garantice que las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera independiente, rápida y completa y que los autores sean sancionados adecuadamente”.
-Segregación escolar del alumnado gitano y migrante.
El CERD ha denunciado que en muchas autonomías no se distribuye correctamente a los estudiantes inmigrantes y gitanos, lo que imposibilita su integración y perpetúa la exclusión social de estos colectivos.