10 de junio de 2013

Mezquinos


La actividad de Ada Colau en favor de las víctimas de los desahucios en España no ha cesado desde que se creó en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Defiende el derecho a tener una vivienda y reivindica la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria contraída con los bancos. En el mes de febrero presentó en el Congreso una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) avalada con 1.402.845 firmas. Contenía una proposición de ley para regular la dación en pago como fórmula preferente a la hora de saldar la deuda contraída con el banco por vivienda habitual, la moratoria de todos los desahucios por ejecución hipotecaria de viviendas habituales y la ampliación del alquiler social de las viviendas cuyos propietarios sean los bancos. El 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las leyes españolas sobre desahucios no garantizaba a los ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas y además vulneraba la normativa comunitaria. Según la sentencia, los desahucios podrán paralizase por el juez en cumplimiento de la normativa comunitaria indicada.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca acaba de ser reconocida con el Premio Ciudadano Europeo que otorga el Parlamento Europeo, pero a Carlos Iturgaiz, eurodiputado del PP y fiel seguidor de la estrategia de su partido, le ha parecido una pésima decisión, pues relaciona a la PAH con Batasuna.  “Hoy con estas reglas nos ha tocado este mal trago de Ada Colau y mañana puede venir un partido político que está en memoria de todos, presentar a sus candidatos y que nos metan otro gol”, decía Iturgaiz en una entrevista en la Cope. 
El PP, según Iturgaiz, pedirá que se le retire el premio a Ada Colau y, si no lo consigue, intentará que se cambien las reglas para el año que viene: "No se pueden dar premios a personas indeseables que lo que hacen es crear tensión y enfrentamiento". "La izquierda ha sido la que ha organizado este gol porque ellos son los que han propuesto a esta señora, Ada Colau, y a su plataforma y han promovido que le den un premio [...] a la promotora de una organización violenta que está detrás de los escraches [...] que va contra el espíritu de un Parlamento Europeo democrático que lleva la libertad como bandera y no los escraches", argumentó.
Ada Colau ignora los comentarios capciosos de la derecha española y sigue a lo suyo. Exige responsabilidades, incluso penales, a los políticos, financieros y administrativos que han consentido 400.000 ejecuciones hipotecarias en España desde que empezó la crisis. Denuncia a los directivos de las grandes empresas que siguen presumiendo de beneficios y a los banqueros que cobran bonus millonarios: “La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha evidenciado que existen responsables políticos y administrativos de la no trasposición a la normativa española de la Directiva Europea 93-13, en grave perjuicio para los deudores habitacionales, con el resultado de centenares de miles de ejecuciones y desahucios ilegales realizadas por los tribunales a instancia de las entidades financieras. Cientos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos exigen que se depuren responsabilidades. La actividad del capital financiero ha sido criminalmente responsable de la situación actual mientras resulta clamorosa la inacción de los poderes públicos –Ministerio del Interior, Fiscalía y Judicatura– o, más allá, sus actuaciones en defensa directa de sus intereses. Criminalizando, por contra, la práctica política de resistencia de los colectivos que se oponen a esta actividad especulativa”, apuntaba en su manifiesto de convocatoria la PAH.
El Gobierno del PP procura neutralizar en lo posible la sentencia del TJUE con medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social y ha establecido un plazo de apenas un mes para que los afectados inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria ejerzan su defensa en el proceso. Un plazo a todas luces escaso para organizar una defensa fundamentada de los intereses de ciudadanos con pocos recursos, que han de enfrentarse al aparato legal que están poniendo en marcha los bancos. También procura desacreditar la labor de la PAH. Tal vez tienen miedo de que la gente se envalentone y les plante cara, porque las cosas pueden, y deben, hacerse de otra manera.