8 de mayo de 2013

Transparencia

Viñeta: Eneko
Solo unos pocos conocen en España las cuentas del Estado y qué se hace con nuestro dinero. Solemos ser confiados al pensar que con los impuestos pagamos carreteras, camas de hospital, becas a estudiantes… Es decir, que nuestro dinero tiene un destino público que redunda en beneficio de todos. Pero la realidad es que cada día surgen nuevos casos de corrupción, gente con los dedos largos y con una escasa ética se echa al bolsillo el fruto de nuestro trabajo. Ante esta falta de transparencia, el Gobierno planteó un Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2012. Esta ley garantizará el acceso de los ciudadanos a la información pública y reforzará la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de unos recursos que son de todos.
Hasta aquí las buenas intenciones. Aunque en este país de piratas y bandoleros, se hace la ley y la trampa a un tiempo. El rango de la ley, inferior a los estatutos autonómicos, creará conflictos por la invasión de competencias en las comunidades y obstaculizará el control al que el Ejecutivo podría someter a otras administraciones. Queda también por determinar qué órgano, independiente del Gobierno, por descontado, velará por el cumplimiento de la ley, y limitar las excepciones de materias e instituciones que se someterán al acceso público de su información, incluyendo a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y a la Casa del Rey.
El PP ya tiene dudas respecto a someter completamente a los partidos a la nueva norma, pues las formaciones políticas estarían obligadas a publicar sus cuentas, contratos, retribuciones, etc. y a facilitar el acceso a la información, con lo que cualquier ciudadano podría solicitar documentación, igual que en el caso de la Administración.
Sospecho que la Ley de Transparencia será una chapuza, un quiero y no quiero que nos dejará, poco más o menos, como antes.