11 de diciembre de 2012

Derecho a decidir


El pueblo español eligió democráticamente a sus representantes políticos durante cuatro años porque le propusieron un programa de actuaciones para salir de la crisis que la mayoría de ciudadanos aceptó en las urnas. Un año después, no solo se han incumplido punto por punto todas las propuestas, sino que, además, se ha hecho lo contrario a lo convenido.
Los españoles escogieron un proyecto y una opción política y se equivocaron al pensar que los políticos eran sinceros. Pero hay cuestiones sobre las que el pueblo no tiene posibilidad de elegir y debería reclamar este derecho. Así, los españoles podríamos decidir si queremos una banca pública que en vez de dedicarse a la especulación, como hace la privada, dé prioridad al crédito a las pequeñas y medianas empresas, a la economía social o a la vivienda protegida. Decidir si queremos un mayor control sobre los créditos y las hipotecas y una modificación legislativa que prevea la dación en pago. Decidir si queremos seguir manteniendo las centrales nucleares o apostamos por las energías renovables y por el ahorro energético. Decidir si queremos una red ferroviaria de calidad o preferimos dedicar todos los recursos a la alta velocidad. Decidir si queremos privatizar o no la gestión púbica del agua y sus enormes beneficios potenciales. Decidir si queremos la máxima protección social para las personas desempleadas, para las personas sin recursos, para las personas con discapacidad; esto es, si queremos una renta mínima garantizada de ciudadanía. Decidir si queremos una sanidad pública y de calidad o recortes y privatizaciones progresivas, abonar un euro por receta y la totalidad o un porcentaje elevado del precio de los medicamentos. Decidir si queremos una escuela pública de calidad y una universidad que ofrezca igualdad de oportunidades para todos o una escuela y una universidad elitistas a las que solo puedan acudir los hijos e hijas de familias con recursos. Decidir si queremos que se combatan el fraude y la corrupción para evitar los miles de casos que hemos conocido durante los últimos años. Decidir si queremos una organización territorial con delegaciones del gobierno central y autonómico, con diputaciones, consejos comarcales, mancomunidades y ayuntamientos o deseamos una racionalización administrativa más barata y eficaz, sin que por ello haya que despedir a los empleados públicos. Decidir si queremos unos medios de comunicación públicos y plurales o solo medios privados controlados por poderosos grupos económicos. Decidir si queremos que se mantengan los enormes privilegios de la Iglesia católica. Decidir si estamos de acuerdo con modificaciones constitucionales como la que se realizó el año pasado sin que el PP, ni el PSOE ni CIU propusieran o reclamasen un referéndum. Decidir sobre la monarquía o la república como forma de estado…
Estaría bien que el Gobierno apostase claramente por la democracia, por el derecho a decidir en todos los ámbitos que tiene el pueblo soberano, y terminase de una vez con los recortes y esta austeridad extrema e injustificable que nos acogota como país y como individuos.