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Isidre Nonell, 1897 - Un captaire a París
La pobreza en España no es producto de la crisis. Los elevados niveles de pobreza se dan desde hace décadas, antes de que empezara la hecatombe financiera. Sí, cuando España iba bien y se mantenían altos los índices de crecimiento económico, más del 19% de la población vivía en condiciones de pobreza. Una cifra que cuesta de entender en un contexto de crecimiento.
En la anterior crisis, la del 93-94 se alcanzaron niveles de paro cercanos al 25%. Luego vino más de una década de desarrollo sostenido, hasta el 2008, cuando la crisis se hace notar. Pues bien, en estos años de crecimiento intenso, la pobreza no disminuyó. Se había agudizado a principios de los noventa por la crisis mencionada y se mantuvo estable pese al crecimiento del empleo. ¿Cómo es posible que ocurra esto?
Sin duda las causas son muchas y sería prolijo examinarlas todas, pero una de las más importantes es, lamentablemente, la desigualdad. El crecimiento económico no se distribuye de la misma forma dentro de la sociedad. Y esta situación no se da solo en España, ocurre en todo el mundo. Las causas son múltiples: los cambios en la distribución de los salarios, principal fuente de ingresos de los hogares, el crecimiento desigual de los mismos, el impacto que tienen las políticas fiscales regresivas y la reducción del gasto social, entre otras, hace que la distancia entre los que ganan más y los que ganan menos aumente cada año.
Nuestros mecanismos de inclusión son precarios. España se mantiene casi 10 puntos por debajo en gasto social con respecto al resto de Europa, según datos de Eurostat del 2011. Nuestro país tiene un sistema fiscal regresivo, que grava en un alto porcentaje las rentas del trabajo y en menor medida las rentas del capital, a esto hay que añadirle un elevadísimo fraude fiscal, por lo que es sistema fiscal español es injusto. También cabe destacar que en los últimos años se aprobaron reducciones impositivas que han conllevado la caída de ingresos del Estado.
Por si fuera poco con lo anteriormente citado, España es un país poco redistributivo. Las pensiones de jubilación y de supervivencia para reducir el riesgo de pobreza son bastante menores que el promedio europeo. Mención aparte merece la estructura salarial española. España tiene los salarios más bajos de la OCDE. Si tomamos en cuenta el crecimiento del IPC de los últimos años y la evolución del salario mínimo, resulta que se ha producido un descenso del 0.1% en la capacidad de compra. Ya antes de la crisis se había batido el récord de trabajadores pobres, personas que, pese a recibir un salario, no recibían una renta suficiente para alejarlas del umbral de la pobreza. Este dato demuestra que la creación de empleo no es el único método para la inclusión social.
La crisis económica ha empeorado las condiciones de vida de las personas y supone una pérdida significativa del bienestar para la sociedad. Miles de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión. Las cifras son desoladoras. Desde el inicio de la crisis, cerca de un millón de personas por año han caído en riesgo de exclusión y pobreza: 12.599.861 personas, el 26% de la población, según datos provisionales de 2011 del INE.
El paro aumenta imparable, afectando ya a un 24,63%. En 1.737.600 hogares todos sus miembros activos están parados. Sube asimismo la proporción de parados de larga duración y con riesgo de quedar permanentemente fuera del mercado laboral. Las familias sin ningún tipo de ingresos suman más de 580 mil.
Si se sigue haciendo lo mismo que hasta ahora, el crecimiento de la pobreza será imparable. La pobreza es la vulneración de los derechos más básicos de las personas y debe reducirse, en vez de tomar medidas que la incrementen: la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones, las reformas fiscales del 98 y de 2007, los recortes sociales y en definitiva todas las decisiones tomadas en aras de reducir el déficit púbico van a mermar de forma importante los ingresos reales de las familias.
Los ciudadanos españoles debemos exigirle a nuestro gobierno, a este y a los sucesivos, que la lucha contra la pobreza se convierta en un objetivo prioritario que genere un pacto de inclusión, que regule y coordine las estrategias desde los distintos ámbitos y que se establezcan estrategias a corto, medio y largo plazo para asegurar que todos los ciudadanos viven en condiciones dignas.
Mientras se hacen números y ajustamos cifras, los ciudadanos quedan desprotegidos por el Estado. Los objetivos macroeconómicos nos avasallan con sus urgencias y aunque en tiempos de austeridad exigir un aumento de la inversión social se considere herejía, esta es una reivindicación apremiante que todos debemos hacer. El gasto social genera riqueza. El nivel de desarrollo de un país depende de su capital humano y reducir la pobreza y la desigualdad tiene ventajas prácticas: facilita el crecimiento económico; éticas: reduce las diferencias entre miembros de una misma sociedad; y jurídicas: España tiene que cumplir el compromiso adquirido con la firma de la Declaración de los Derechos Humanos y del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Podemos hacer mucho. Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo YA.

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