Tijeretazos a la Sanidad

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de noviembre de 2011, en apenas dos años, la Sanidad española ha escalado ocho puestos en la lista de las principales inquietudes de los ciudadanos, situándose solo por detrás del desempleo, los problemas económicos y los partidos políticos. El miedo a que con las medidas de ajuste económico llegue un empeoramiento de las prestaciones amenaza la buena valoración de la que goza la red sanitaria pública española.

Las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias relativas a sanidad han emprendido una serie de medidas que se presentan como mejoras de la gestión, pero que en realidad son percibidas como de carácter recaudatorio. Por ejemplo, Galicia e Illes Balears han comenzado a cobrar 10 euros por la renovación de la tarjeta sanitaria y el Parlament Català debate si instaurar un tique moderador, el cobro de un euro por receta médica. Queda por ver cómo estas medidas, que implican un doble pago, dado que la Sanidad ya está financiada por los impuestos que pagamos la mayoría, puede pervivir tras la entrada en vigor este año de la Ley General de Salud Pública, que garantiza el acceso universal y gratuito al servicio sanitario, hasta ahora limitado a los cotizantes y sus beneficiarios.

Otras medidas hacen hincapié en la reducción de gastos, y en Sanidad, en los últimos dos años, ya se ha reducido el gasto un 10%. En Cataluña han disminuido horarios de consulta, quirófanos, camas hospitalarias, ambulancias, centros de salud… En la provincia de Tarragona no existe actualmente ningún centro que pueda atender un infarto en horario de tarde, lo que obliga a viajar más de 100 kilómetros para llegar al punto de atención más próximo a quien sufra una dolencia de este tipo.

El Servicio Canario de Salud no ha renovado el contrato laboral a más de 1.000 personas y Madrid ha aumentado la jornada laboral de todo su personal funcionario, incluido el sanitario.

Baleares, Galicia y Murcia han establecido medidas que bloquean la tarjeta sanitaria a personas desempleadas de larga duración que hayan agotado el subsidio, obligándolas a conseguir una tarjeta de persona beneficiaria de otra titular, un trámite que puede durar meses, durante los cuales el parado queda sin asistencia.

Baleares también empieza a exigir que las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria del embarazo asuman por adelantado los gastos de la intervención.

Son medidas que ponen barreras al acceso a la salud de toda la ciudadanía, aunque es la población con menos recursos, con menor formación o aquejada de enfermedades crónicas la que resultará más perjudicada. Y no hay que olvidar a los colectivos excluidos de nuestra sociedad, como los inmigrantes, a quienes en algunas Comunidades se les ha bloqueado la tarjeta sanitaria o se les exige más de seis meses de residencia para obtenerla, cuando la ley pide solo el empadronamiento, o las personas en tratamiento de desintoxicación: se ha cerrado la narcosala de Barranquillas, la primera en el Estado español. Castilla-La Mancha ha eliminado su servicio de mediación cultural, desarrollado por Médicos del Mundo, que servía de enlace y traducción entre personas enfermas de origen extranjero y el personal sanitario para prevenir y resolver conflictos derivados de las diferencias culturales o idiomáticas y facilitar su acceso a la salud.

Estos recortes empujan cada vez a más personas hacia la marginalidad y las excluye del Estado del Bienestar. Algo intolerable cuando nos referimos a un derecho esencial como es el de la protección de la salud.

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