IV Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

A los seis años de la entrada en vigor en España de la “Ley Integral contra la Violencia de Género” se hace balance. Pese a los grandes logros alcanzados: un órgano judicial especializado, ayudas económicas a las víctimas y la concienciación social, los datos obtenidos continúan siendo inadmisibles. En la actualidad 400.000 mujeres son maltratadas en nuestro país y un millón y medio han sido víctimas en alguna ocasión, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El miércoles arrancó el IV Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que ha reunido en el Senado a numerosos expertos en esta materia. En sus dos días de programa se han planteado las medidas que deben tomarse para erradicar esta lacra en nuestro país.

Izquierda Unida ha presentado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para solicitar que la violencia "económica" contra las mujeres se incluya dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Violencia de Género. La intención es que se contemple también como delito cuando un hombre impide a la mujer acceder a recursos económicos (a cuentas, a puestos de trabajo o si no le paga la manutención de los hijos).

La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, pide que se amplíe a todas las comunidades autónomas la realización de un informe forense que complemente el informe policial de riesgo de las víctimas. Explica que de esta manera el juez contará con más información para adoptar medidas cautelares y salvaguardar la vida de la víctima. Actualmente solo seis comunidades tienen trasferidas competencias de Justicia.

Otra propuesta es la de concienciar a la sociedad del “feminicidios”, estandarizando el término a toda la Unión Europea para las muertes de mujeres por razón de su sexo. La finalidad es conocer el alcance de la violencia contra la mujer, ya que muchos países de la Unión no contabilizan estos casos.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pide que la Ley Integral de Violencia de Género obligue a que la víctima cuente con el asesoramiento de un abogado desde el primer día. "Hay que ayudarlas a poner la denuncia y, sobre todo, a que rellenen bien la valoración de riesgo. Se podrían salvar muchas vidas", manifiesta María José Balda, presidenta del Subcomité de Violencia contra la Mujer del CGAE. Y añade, los “maltratadores están mejor asesorados”, ya que cuando se detiene a un presunto agresor, la Policía no le toma declaración hasta que llega su abogado.

Por su parte Carmen Larramendi, abogada y miembro del CGAE, solicita a los jueces que reflexionen cuando haya menores implicados en un caso de violencia de género: "No es lógico que dictes una orden de protección porque la víctima corre peligro y a los segundos marques el régimen de visitas para que el presunto agresor vea a sus hijos", y se manifiesta a favor de que se proteja más al menor haciendo uso de los mecanismos que hay en la Ley (retirada de la guardia y custodia y de la patria potestad).

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