Quien entra de manera irregular, se va

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado las repatriaciones inmediatas a Mauritania de los inmigrantes llegados en pateras a Canarias en los últimos días “dentro de los derechos humanos”. Aunque sin concretar la fecha de las primeras repatriaciones ni la cantidad de inmigrantes afectados, comentó que Mauritania también readmitirá a subsaharianos de terceros países, para lo que ha solicitado la ayuda de la Organización Mundial de las Migraciones. Entre las medidas que contempla el Plan de Cooperación con Mauritania, indicó que se enviarán a este país cuatro patrulleras, catorce vehículos todo terreno y dos autobuses de la Guardia Civil, así como personal especializado para realizar patrullas conjuntas de control de fronteras. Además, anunció que la Guardia Civil en el archipiélago se reforzará con dos patrulleras más, una en Tenerife y otra en Gran Canarias, así como con 19 agentes y tres grupos de actividades subacuáticas del Instituto Armado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se ha dirigido a la presidencia austriaca de la UE para que el próximo Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores aborde en el orden del día la masiva llegada de inmigrantes a Canarias.

El “Plan África” será otro fracaso del Ejecutivo en su política sobre inmigración porque llega tarde. Hace un año, el ministro Caldera se atrevió a afirmar que España era “la envidia de Europa” por la regularización masiva de inmigrantes, y la secretaria de Estado de inmigración se comprometió a no dejar una bolsa de inmigrantes irregulares como la recibida. Esta inconsciencia en cuestión de política migratoria se está pagando muy cara, sobre todo por los inmigrantes, en situaciones verdaderamente dramáticas, y hoy nadie puede negar que aquella regularización masiva ocasionó un “efecto llamada”. Aunque ahora el Gobierno diga que el que “no tiene papeles, se va”, el mensaje que ha llegado a las mafias de la inmigración es el de que “quien no tiene papeles, se queda”.

La inmigración ilegal se ha convertido ya en un grave problema, y no sólo en lo que afecta a la estabilidad social o la integración laboral, es un problema político y económico. Los cayucos o las pateras representan un porcentaje mínimo de los inmigrantes irregulares que entran en España, frente a la entrada masiva que se produce a través de los aeropuertos, con los visados de turista, y de la frontera francesa. Las medidas del Gobierno no pueden reducirse a unas actuaciones esporádicas con reuniones de urgencia y movilizaciones diplomáticas. Esta forma de afrontar el problema genera un caos que conduce al descrédito del Gobierno.

La ayuda económica de Bruselas para frenar la inmigración no resuelve nada, como tampoco resuelve nada adoptar medidas drásticas para solventar ahora las consecuencias de la “envidiable” política de concesión de papeles en España. El caso es que los inmigrantes no pueden esperar más. Tienen derecho a la dignidad, a la vida, al asilo, a la libertad, a la asistencia, al trabajo y a la educación, y el primer paso para conseguir sus derechos como seres humanos consiste en propiciar el desarrollo económico en sus lugares de origen. Éste es un objetivo a largo plazo que exigirá cambios sustanciales en los gobiernos de esos países, empezando por eliminar la corrupción. Mientras tanto, hay que adoptar medidas efectivas y no aplicar parches. Aprobar presupuestos extraordinarios para dotar a la lucha contra la inmigración de medios suficientes para desarrollar su tarea. Establecer controles rigurosos de los visados de turista en origen y durante la estancia en España. Obligar a los países de origen a cumplir los convenios de repatriación… Para llevar a la práctica estas medidas se requiere mucho dinero, medios humanos, materiales e infraestructuras, por eso cuanto más se tarde en tomar las decisiones adecuadas, más empeorará el problema y más difícil será su solución.

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